El libro de Jackson ofrece una crítica muy completa de
la sociedad de consumo. El autor no sólo atiende a las consecuencias
sociales, económicas y políticas que ha tenido el crecimiento
apoyado en el consumismo, sino que también analiza cómo ha afectado
a las relaciones sociales y a las personas, esto es, cómo se ha
visto transformada nuestra subjetividad. En esta entrada voy a apoyarme en su texto y en otros para valorar las principales consecuencias sociales, económicas y políticas de la sociedad de consumo.
Los
gobiernos están encerrados en la promoción del consumo y eso ha
hecho que pierdan parte de su papel como garantes del bien común.
Además, la ideología neoliberal ha marcado precisamente una lucha
por la restricción de la intervención del Estado sobre la actividad
económica (1). Al amparo de esta ideología se ha justificado la
reducción de la capacidad financiera de los Estados, a través de
las privatizaciones de todo tipo de empresas públicas (incluidas
aquellas de sectores estratégicos como los relacionados con la
energía) y la limitación de ingresos fiscales, por ejemplo mediante
reducciones de impuestos de sociedades, mantenimiento de “paraísos
fiscales” (2) y falta de control sobre las transacciones financieras.
De esta manera, se ha generado una dependencia de la financiación
estatal en los mercados bursátiles (3). En consecuencia, la capacidad económica de
los Estados se ha visto muy reducida y hay distintos agentes
económicos (por ejemplo, multinacionales) que pueden tener mayor
capacidad financiera que la de muchos países. En este contexto
económico los márgenes de acción de los Estados están muy
restringidos a la hora de garantizar el bien común o diseñar
políticas económicas (4). En los gobiernos
democráticos dentro de los Estados modernos, se ha planteado desde
distintos ámbitos la existencia de un “modelo neocorporativo”,
lo que implica el peso de organizaciones procedentes de la esfera
productiva en la toma de decisiones políticas (5). Lobbies
de muy diversos tipos, pero principalmente pertenecientes a grandes
empresas, tienen una influencia decisiva en los parlamentos. Por
ejemplo, según
el partido Iniciativa per Cataluya Verds (ICV), en el Parlamento
Europeo hay 4.435 lobbistas acreditados con pleno acceso a las
sesiones de comisiones y los plenos, y en la Eurocámara la
proporción es de 6 lobbistas por eurodiputado/da. Este partido
señala además que el 70% de los lobbies que actúan en Bruselas
representan los intereses de grandes empresas (6).
Siguiendo estos argumentos, creo que no estamos
hablando entonces sólo de un problema de gobernanza en un sentido
conceptual, como quizás plantea Jackson, sino de que hay un problema
de gobernanza en el sentido amplio de la capacidad de acción de los
gobiernos. Los Estados no sólo han pasado a pensar menos en el bien
común, sino que de hecho su capacidad para maniobrar aisladamente en
esta línea está muy limitada. Esto debe ser tenido en cuenta en el
planteamiento de medidas efectivas para replantear la cuestión del
crecimiento.
Una última consecuencia que es necesario destacar de la
economía sustentada en el consumo es la excesiva producción de
bienes materiales, con el consecuente desgaste progresivo de las
fuentes y aumento de los sumideros. Los problemas ambientales que van
llamando nuestra atención constituyen un elemento que por sí mismo
debería hacernos replantear y reconfigurar nuestro modelo de
desarrollo.
(1) Sampedro,
J.L., y Taibo, C. (2006). Conversaciones
sobre política, mercado y convivencia.
Madrid: Catarata
(4) Villares,
R. y Bahamonde, A. (2001) Mundo
Contemporáneo. Siglos XIX y XX.
Madrid: Taurus.
(5) Cotta,
M.. (1988). Parlamentos y Representación. En Pasquino, G (ed).
Manual
de Ciencia Política.
Madrid: Alianza Editorial.
(6) Europapress,
noticia sobre los lobbies en Bruselas según ICV, 12 de marzo de
2012.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-icv-defiende-martes-congreso-crear-registro-lobbies-someterlos-control-parlamento-20120312180356.html
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